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Se ha instalado en la sociedad argentina el debate sobre el aborto, a raíz de los proyectos introducidos en el ámbito legislativo para despenalizarlo o incluso legalizarlo. El tema involucra posiciones antagónicas y situaciones complejas.
Queremos ofrecer desde la Bioética algunos datos y reflexiones que contribuyan al diálogo, cuyo mentor y destinatario es el mismo: la sociedad, porque a todos nos compete.
¿Por qué una sociedad como la nuestra puede querer deshacerse de algunos individuos con el fin de evitar la muerte de otros? ¿Por qué oponer el derecho a la vida, a nacer, con el derecho de la madre a disponer de su cuerpo? ¿Acaso hay derechos más humanos que otros?

Desde las ciencias de la salud
(Mónica Heinzmann)

Sabemos que la vida humana comienza con la unión de los gametos, cuando se constituye un patrimonio genético nuevo. Por otro lado, conocemos las cifras de complicaciones y muertes vinculadas a los procedimientos de aborto clandestino, el drama y la desolación de mujeres abusadas y sometidas.
El problema es grave porque involucra a personas en situaciones límite, a mujeres en situaciones desesperadas —frecuentemente pobreza y exclusión— que deben decidir en condiciones en las que tener suficiente lucidez es una posibilidad remota. ¡No es una decisión libre!
Es improbable que alguien que haya vivido esa situación haya salido indemne. Lo demuestran las secuelas que el aborto provoca —y de las que poco se habla—. Más de la mitad de las mujeres que abortaron sufren consecuencias en su salud psicofísica y moral. El trauma posaborto, el llamado “luto prohibido”, por el duelo que no se puede hacer, puede permanecer en esa persona y provocar angustia, depresión y comportamientos autodestructivos, como bien lo conocen las organizaciones que se ocupan de las víctimas.
Aún el menos deseado de los embarazos, llevado adelante con un sostén adecuado y eventualmente con recurso de adopción, provocará menos secuelas que destruirlo.

Reflexiones para una discusión sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo
(Diego Fonti)

Un lugar común en la comprensión habitual de la bioética es reducirla a un par de problemas o temas inconexos con el resto de la vida social. En cambio, pensarla desde la configuración política de la sociedad, desde nuestra propia constitución como sujetos y desde una comprensión compleja de la salud como institución pública, puede permitirnos iluminar la reflexión bioética en general y la discusión sobre la terminación voluntaria del embarazo en particular. A nadie escapa que la insensibilidad, la intolerancia o el dogmatismo pueden convertir el debate sobre este tema en una discusión donde se exponen argumentos – o meras afirmaciones, de cualquier procedencia – incapaces de ver todo el dolor y sufrimiento que una decisión así conlleva, sobre todo para las gestantes. La búsqueda de un punto de partida responsable en un mundo caracterizado por la multiplicidad de valoraciones morales respecto de este tema – y de tantos otros – obliga a formular algunos “prolegómenos” que funcionen como condiciones de posibilidad de una discusión seria, cuyos resultados sean legítimos socialmente, incluso cuando no todos admitamos para nuestras propias vidas particulares las posibilidades abiertas en los acuerdos logrados. Podríamos identificar dos series de condiciones para esta discusión: los datos socialmente constatables, y los marcos subjetivos de la toma de decisiones, en su constante interrelación.
Un condicionante elemental es reconocer y hacerse cargo de lo que ya sucede, pues no podemos plantear con una visión sub specie aeternitatis una discusión así. Los datos constatables y previos a toda normativización, como lo son la realidad del aborto ya en práctica y fuera de toda regulación de las instituciones responsables por la salud pública en cualquier barrio de nuestra ciudad, la característica de que a menudo una decisión así se toma y se lleva a cabo no sólo contra lo legalmente estipulado sino incluso a costa de la propia salud, las muertes y patologías producidas por las malas praxis en la intervención, y el lucro de quien opera estas intervenciones entre las clases más adineradas de la sociedad, son la base misma del debate. Parte de la realidad son también las consecuencias de las decisiones, ya que sin hacer del consecuencialismo el único criterio de validez moral, los condicionantes previos y los efectos de nuestras decisiones sí participan en la evaluación de nuestras opciones. En ese sentido, el análisis de las consecuencias permitiría identificar en una discusión sobre el aborto cuál opción permite mayor control de las intervenciones operadas, cuál permite un adecuado acompañamiento a la gestante en la toma de decisiones, cuál evita la manipulación de cualquier tipo, cuál brinda mejores posibilidades a una mujer que en su intimidad está valorando esa decisión. Es un deber social asumir moralmente las consecuencias de las normas que elaboramos.A nivel subjetivo, se impone como condición tanto para la discusión como para la posterior aplicación de la norma el respeto por todos/as los/as involucrados/as en la misma. Recurrir a una norma trascendente o “natural” es un gesto de tan difícil admisión como basarse en una supuesta autonomía absoluta de un yo, fuente de toda norma y escindido de toda situación, contexto y manipulación. Y sin embargo no se halla otro lugar más fundamental en la toma de decisiones que la conciencia de los sujetos individuales. En el caso mismo de una persona que considerara la decisión de terminar un embarazo, parece imprescindible regular el acompañamiento por profesionales formados, para evitar injerencias inadmisibles o ligadas a contextos superables (por ej: las declaraciones de James Watson sobre el aborto de homosexuales, y la falta de recursos, respectivamente). La regulación de este acompañamiento debería permitir que la decisión sea lo más madura y reflexiva posible, y que habilite al mismo tiempo otras vías de resolución del conflicto si la responsable última así lo quisiera.
No parece viable una discusión si se considera al otro simplemente “criminal” o “dogmático” por presentar una posición disímil a la propia. La propia complejidad y diversidad de opiniones al interior de las sociedades e incluso de las religiones muestra la necesidad de evitar este tipo de caracterizaciones, que simplemente excluyen al disidente y son cómplices de la inadmisible situación actual.
Para acabar, conviene recordar que lo primero en esta discusión es el marco del inicio de la gestación, la educación, el conocimiento y sobre todo el deseo que allí deberían estar en juego.

Desde la mirada jurídica
(María del Pilar Hiruela)

El eje fundamental del Derecho es el hombre. La persona es el principio y fin de todas sus instituciones. Por ello, la existencia humana es el bien supremo, pues es el presupuesto de cualquier otro bien y la base para la realización de los demás. Además, la vida humana es protegida por ella misma y no por sus modalidades; el Derecho tutela la existencia del hombre “por lo que es” y no “por cómo es”.
Así lo entiende el Código Civil argentino al disponer que el hombre comienza a existir desde su “concepción”, y que son “personas” todos los hombres, sin distinción de “cualidades”, incluida la circunstancia de no haber nacido.
Tal afirmación normativa es el reconocimiento de un hecho natural innegable. La vida de un ser se inicia con la fecundación de un óvulo, desde allí, tiene una “vida propia”, ya que “no necesita de la madre para ‘ser’, sino para ‘seguir siendo’”.
El Derecho Penal argentino establece al aborto como un delito. El bien protegido punitivamente es la vida humana, desde la concepción y hasta el inicio del parto.
Es cierto que nuestra ley penal admite dos supuestos de abortos no punibles: a) el terapéutico (que busca evitar un peligro en la vida o salud de la madre), y b) el sentimental (si el embarazo proviene de una violación). Se justifica su legitimidad sosteniéndose que con ellos se procura la preservación de la vida y salud de la madre, y consecuentemente se sigue tutelando la existencia humana.
Frente al Derecho argentino, entonces, de neto corte humanista, pierden justificación racional los intentos de despenalizar indiscriminadamente el aborto: si la existencia humana es un valor absoluto, la prohibición de eliminarla debe regir —con igual intensidad— tanto antes del nacimiento, como después.

Desde la perspectiva ético-religiosa
(José Alessio)

En adelante, cito extractos de textos del Magisterio de la Iglesia, que pueden ayudar al diálogo desde una mirada más integradora y completa.
El diálogo entre todos los hombres: “La Iglesia, en virtud de la misión que tiene (…) se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero. Lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades, para abrir (…) el diálogo entre todos los que integran el único Pueblo de Dios (…) Los lazos de unión de los fieles son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo”. (G.S.92)
Situaciones complejas: “Es cierto que en muchas ocasiones la opción del aborto tiene para la madre un carácter dramático y doloroso (…) la decisión de deshacerse del fruto de la concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, sino porque se quisieran preservar algunos bienes importantes, como la propia salud o un nivel de vida digno para los demás miembros de la familia. A veces se temen para el que ha de nacer condiciones de existencia que hacen pensar que para él lo mejor sería no nacer. Sin embargo, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, jamás pueden justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente”. (E.V. 58)
Responsabilidades compartidas: “En la decisión sobre la muerte del niño aún no nacido, además de la madre, intervienen con frecuencia otras personas. Ante todo, puede ser culpable el padre del niño, no sólo cuando induce expresamente a la mujer al aborto, sino también cuando favorece de modo indirecto esta decisión suya al dejarla sola ante los problemas del embarazo: de esta forma se hiere mortalmente a la familia (…) No se pueden olvidar las presiones que a veces provienen de un contexto más amplio de familiares y amigos. No raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto: no hay duda de que, en este caso, la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar. También son responsables los médicos y el personal sanitario cuando ponen al servicio de la muerte la competencia adquirida para promover la vida. Pero la responsabilidad implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto y, en la medida en que haya dependido de ellos, los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos. Una responsabilidad general no menos grave afecta tanto a los que han favorecido la difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad, como a quienes debieron haber asegurado —y no lo han hecho— políticas familiares y sociales válidas en apoyo de las familias, especialmente de las numerosas o con particulares dificultades económicas y educativas. Finalmente, no se puede minimizar el entramado de complicidades que llega a abarcar incluso a instituciones internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan sistemáticamente por la legalización y la difusión del aborto en el mundo”. (E.V.59)

(Conclusión)
El debate sigue abierto. Sabemos que el Estado como expresión de la sociedad debe proteger a todas las personas, y si el grado de civilización de una nación se mide por cómo protege a los más necesitados, entonces esperamos que la nuestra demuestre su madurez y proteja especialmente a los más vulnerables.

*Mónica Heinzmann, Diego Fonti, María del Pilar Hiruela y José Alessio son integrantes del Centro de Bioética de la UCC